domingo, 29 de abril de 2007

La reforma educaional


Lo valorable del conflicto estudiantil secundario del 2006 es que posibilitó pasar de unas demandas coyunturales, como son el tema del pase escolar y la gratuidad de la PSU a otras de mayor envergadura, como son los cambios planteados a la JEC y la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE. Estas últimas demandas pueden parecer muy generales, pero reflejan el amplio descontento nacional con la calidad de la educación y con los múltiples elementos de inequidad e injusticias que nuestro sistema educacional muestra.

Debemos debatir en profundidad que se requiere para elevar la calidad de la educación chilena, especialmente la educación municipal, que se orienta a los sectores mas desposeídos.
Se visualizan algunas propuestas genéricas que se refieren a cambiar el marco constitucional sobre educación y mejorar y corregir ciertos aspectos de la Jornada Escolar Completa.

En el caso de la Jornada Escolar Completa, JEC, los problemas mas graves tienen que ver con las modalidades de uso del tiempo adicional con que ahora cuentan las escuelas y que corresponde a cada colegio hacerse cargo de cómo utilizarlo, con una modalidad creativa y útil para los objetivos educacionales
En lo que se refiere a la LOCE, ésta es una ley que presenta deficiencias en su de origen, presentando poca legitimidad social, como queda demostrado en los cuestionamientos que de ella hacen todos los sectores, alumnos, profesores, apoderados, etc. Modificar la LOCE hoy día es fundamental si queremos mejorar la calidad de la educación chilena pues, entre otras cosas, amparado en el sacrosanto principio de la libertad de enseñanza, permite que proliferen sostenedores de baja calidad, sin que existan instancias de control y evaluación claramente establecidas

Orígenes, fundamentos y alcances de la LOCE

Uno de los últimos amarres de la dictadura pinochetista fue la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE. Mientras se hacían los preparativos para la asunción de Aylwin, el 10 de marzo de 1990 se promulgo este cuerpo legal, que vino a cerrar un ciclo que comenzó con la puesta en marcha de la Ley de Subvenciones y la municipalización de la educación, proceso que se empezó a moldear en 1981.

Consecuente con la lógica neo-liberal del régimen de Pinochet, la LOCE pone en primer término la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación y permite que las escuelas elijan a sus alumnos con un principio de segregación y discriminación. La libertad de enseñanza no es otra cosa que la libertad de crear empresas educacionales, es decir propiedad privada, con aportes estatales, con la justificación de que se trata de un servicio de carácter público. Por cierto, nada se señala en la ley sobre la calidad de la educación y menos sobre control estatal sobre la misma. Lo paradójico es que, recibiendo aportes estatales, el estado y
sus organismos respectivos, tiene prácticamente cero control sobre como se usan y orientan esos recursos, que supuestamente están asignados para entregar una educación de calidad.


El único instrumento para aquello es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE, sin embargo, como los colegios subvencionados pueden seleccionar a su alumnado, construyen un “imaginario círculo virtuoso”.

Para dar un ejemplo concreto, de los casi $30.000 que recibe por alumno un sostenedor privado, no tiene que dar explicaciones a los recientemente creados Consejos Escolares, pues estos son de carácter consultivo. El sostenedor-dueño, no tiene por que dar explicaciones a los apoderados-clientes, del mismo modo que el dueño de una discoteca no tiene por que explicar el manejo de las finanzas a sus habitúes, es decir la LOCE “santifica” un modelo de gestión educacional basado en la propiedad privada. Así, el principio de libertad de enseñanza es, en definitiva, el principio de libertad empresarial y allí está el punto clave ya que esta empresa privada se nutre de recursos de todos los chilenos, las subvenciones, y entrega un servicio de primera importancia como es la educación. Pero esta libertad empresarial, como discrimina y selecciona, captura a los mejores y al resto los deja en el circuito de la educación municipal, que recibe los mismos $30.000 por alumno. Y que decir sobre las consecuencias de esta ley en el ámbito de la educación universitaria.
Fotos www.causapopular.com.ar













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