Las Reformas Laborales, entre ellas el proyecto referido a la Subcontratación, fueron temas de vital importancia para la Concertación cuando se trató de enfrentarse en segunda vuelta con Joaquín Lavín luego de ese “empate catastrófico” ocurrido en las elecciones de Diciembre de 1999. Sin embargo, una vez instalado en el palacio de gobierno, a Ricardo Lagos Escobar no le quedó mas alternativa que jugársela por un consenso entre empresarios y trabajadores, consenso que no fructificó, entre otras cosas por que en aquel tiempo los senadores designados inclinaban la balanza hacia la derecha, haciendo inviable la posibilidad de presentar en cámara las famosas y emblemáticas reformas laborales.
La situación de Bachelet ha sido distinta, puesto que ya no existe la sobre-representación de la derecha en el Senado debido a que los senadores designados son parte del pasado. Pero esta circunstancia de tener mayoría en la cámara alta ha enfrentado a los concertacionistas entre los que han creído que se debe hacer uso de esa mayoría y los que han planteado que, aún así teniendo mayoría senatorial, se debe buscar el apoyo mas amplio y transversal posible, debido a la relevancia del proyecto para el futuro de la economía y de la vida laboral de los chilenos. Tan relevante es este proyecto que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio –CPC- Hernán Somerville, ha estado particularmente activo interlocutando con los ministros de Hacienda Andrés Velasco y Trabajo Osvaldo Andrade; reuniéndose con el Sub-secretario del Trabajo Zarko Luksic y con el vocero de gobierno Ricardo Lagos Weber, y, asistiendo puntualmente a las sesiones de la Comisión de Hacienda del Senado. Su accionar deja claro que la derecha económica está muy atenta y que decir de la derecha política, que no puede votar en contra de un proyecto que pretende poner fin a la “subcontratación tramposa” pues sabe que un número importante de chilenos trabaja para empresas sub-contratistas y, por cierto, son una cantidad importante de chilenos que votan. Sin embargo, la derecha manifiesta que existe una sub-contratación necesaria y que el “outsourcing” es una tendencia mundial. Pero postulan clarificar que se entiende por sub-contratación pues, como dice el propio Somerville “si una firma auditora envía a uno de sus contadores a otra empresa con el objeto de auditar sus estados financieros, no se puede decir que se está ante un caso de sub-contratación”. La derecha opina que si no se es meridianamente claro en el concepto se puede producir una rigidización innecesaria y perjudicial para nuestra economía.
Por otra parte, aprobar el proyecto como está, implica reconocer una nueva definición de empresa que contiene el proyecto de ley y para explicarlo hay varios ejemplos; así, si se considera a la empresa contratista como la verdadera y legítima empleadora de los trabajadores que están laborando para la empresa mandante, estos no pueden ser considerados como empleados de esta última y menos aún de la controladora matriz, si ese fuera el caso. Siguiendo a Somerville, los opositores al proyecto señalan que también se debe precisar el concepto de solidaridad, pues la subsidiaridad o solidaridad deben entenderse en lo referido a las obligaciones pecuniaria y no en el “hacer” pues ¿quién sería responsable en un caso de abuso sexual o acoso, el contratista o el mandante? Señalan además que se requieren con urgencia realizar perfeccionamientos a las labores de inspección y certificación por parte de la Dirección del Trabajo debido a que el retraso en la línea de pagos afecta negativamente a las pymes y tiene un impacto negativo sobre el empleo.
El gobierno por su parte, señala que el proyecto en cuestión se enmarca en la búsqueda simultánea de establecer las condiciones para crear y desarrollar empresas y al mismo tiempo promover el respeto de los derechos de los trabajadores que en ellas laboran. Por ello se deben desarrollar los instrumentos legislativos para respaldar a la parte más débil de la relación laboral, es decir, los trabajadores.
El ejecutivo identifica los resquicios legales utilizados por los empresarios para negar derechos a sus trabajadores. Uno de ellos lo constituyen las empresas de papel a través de las cuales se proveen de trabajadores. Es decir generan un suministro ilegal de trabajadores y sub-contatación abusiva. Teniendo en cuenta que cerca de un millón y medio de trabajadores labora por esta vía, se considera que el proyecto de ley tenga una entrada en vigencia que se denomina diferida, es decir, noventa días después de su promulgación y contará además con ciento ochenta días para que las empresas que suministran trabajadores modifiquen sus estructuras formales para ser coherentes con la ley.
Según el oficialismo, se busca otorgar a los trabajadores mayores grados de certezas jurídicas respecto de la sub-contratación y el suministro de personal. Así, el proyecto contempla aspectos en torno a seguridad y prevención de riesgos, dando al mandante la obligación, en conjunto con el contratista, de disponer de las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores sub-contratados. En cuanto a pagos de imposiciones, sueldos e indemnizaciones, la empresa mandante podrá informarse a través de la Dirección del Trabajo de la situación de los trabajadores subcontratados, pudiendo retener del pago los porcentajes que sean necesarios para cubrir estos aspectos, en el caso de que la sub-contratista no los hubiere cancelado. Si la mandante ejerce estas atribuciones, en el caso de futuras demandas de trabajadores su responsabilidad será solamente subsidiaria y no solidaria.
En cuanto a la definición de empresa, punto criticado por la derecha, el gobierno ha señalado, que la definición contenida en el proyecto no influye en ningún otro aspecto que en los contenidos en la iniciativa legal, es decir no se extiende a la negociación colectiva ni a cuestiones de clasificaciones de tamaño, cantidades de salas cunas por empresa, etc. El gobierno está cierto de que este proyecto es positivo para el conjunto del país y así lo señala el ministro Andrade quien manifiesta estar convencido de que el proyecto de ley que regula la sub-contratación y el trabajo transitorio “apunta efectivamente en la dirección de promover el trabajo decente y hace bien a trabajadores, a empresarios y al país”
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